Culiacán, Sinaloa, a 26 de octubre de 2026.– Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal, regidoras de oposición realizaron diversos planteamientos relacionados con la administración de los recursos públicos, el funcionamiento de los servicios municipales y las necesidades que enfrenta la población de Culiacán.
En su intervención ante el Cabildo, la regidora del PRI, Erika Sánchez, consideró necesario fortalecer la transparencia en el ejercicio presupuestal y revisar las prioridades del gasto municipal, particularmente en un contexto de dificultades económicas y demandas ciudadanas relacionadas con los servicios públicos.
La representante priista hizo referencia a los recursos destinados a publicidad gubernamental, mantenimiento de vehículos oficiales y combustibles. De acuerdo con las cifras que presentó, el Ayuntamiento ejerció 24.6 millones de pesos en propaganda, mientras que hasta septiembre de 2026 el gasto en reparación de unidades alcanzaba los 126 millones de pesos y el de combustibles, 135.8 millones de pesos.
Sánchez señaló que estos conceptos deben revisarse para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos y consideró importante fortalecer áreas como la recolección de basura, el mantenimiento de vialidades, el drenaje y el alumbrado público.
Asimismo, planteó observaciones sobre el presupuesto destinado a salarios y prestaciones de los trabajadores municipales, así como sobre el avance de la inversión pública, que, según las cifras expuestas por la regidora, registraba un ejercicio del 52 por ciento.
Como parte de su posicionamiento, Erika Sánchez anunció que solicitará a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa una auditoría al Ayuntamiento de Culiacán, con el propósito de revisar el manejo y destino de los recursos públicos municipales.
Por su parte, la regidora del PAN, Guillermina López Escobar, centró su intervención en las condiciones de seguridad que enfrenta la capital sinaloense y las repercusiones que esta situación ha tenido en las familias y los distintos sectores económicos.
La representante panista mencionó las afectaciones derivadas de los hechos de violencia, entre ellas el cierre de establecimientos comerciales, la pérdida de empleos y los cambios en las actividades cotidianas de la población, por lo que llamó a fortalecer la atención institucional a estas problemáticas.
