Culiacán, Sinaloa; a 15 de octubre de 2026.— Un despliegue de fuerzas federales realizado durante la madrugada de este jueves 15 de octubre provocó momentos de tensión en la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, donde habitantes se enfrentaron verbalmente con elementos de seguridad tras la detención de una mujer y el aseguramiento de tres vehículos y un inmueble.
El operativo inició aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, con la participación de efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes llevaron a cabo acciones de revisión e intervención en domicilios de la comunidad.
La inconformidad surgió cuando familiares de una mujer identificada como Carlota cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento. Los vecinos denunciaron presuntas irregularidades en los cateos, así como la desaparición de joyas y otras pertenencias personales que, según sus testimonios, se encontraban dentro de las viviendas.
También señalaron posibles inconsistencias en la documentación judicial presentada por los agentes, al considerar que existían diferencias entre la dirección autorizada y uno de los inmuebles intervenidos.
La situación se intensificó cuando varias mujeres se colocaron frente a las unidades oficiales para impedir que las autoridades se llevaran a la detenida. Al intentar continuar su recorrido, los elementos de seguridad protagonizaron empujones y forcejeos con algunas de las manifestantes.
Durante estos hechos, un periodista del periódico El Debate, que documentaba la confrontación, también resultó alcanzado por los empujones y terminó en el suelo.
Ante el conflicto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, acudió a Laguna Colorada para atender las denuncias de los habitantes y establecer comunicación con las autoridades participantes.
De acuerdo con la información proporcionada al organismo por los agentes federales, las acciones se realizaron mediante una orden judicial y durante la revisión de uno de los inmuebles fueron encontradas sustancias con características de posibles narcóticos, cuya naturaleza deberá ser determinada por las autoridades ministeriales.
Después de varias horas de diálogo, se acordó permitir el traslado de Carlota ante el Ministerio Público Federal, con el acompañamiento de un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la posibilidad de que familiares siguieran el recorrido.
Óscar Loza Ochoa informó que las denuncias presentadas por los habitantes serán documentadas y remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia competente para revisar posibles irregularidades cometidas por autoridades federales.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la situación jurídica de la mujer detenida ni sobre el destino de los vehículos y el inmueble asegurados.
El operativo dejó una fuerte inconformidad entre habitantes de Laguna Colorada, quienes exigen que se investiguen las actuaciones de los elementos federales y se esclarezcan las denuncias sobre presuntos abusos durante la intervención.
