Culiacán, Sinaloa; a 12 de octubre de 2026.- La permanencia de los responsables del penal de El Castillo, en Mazatlán, fue duramente cuestionada por las diputadas del PRI, Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno, quienes exigieron que se investigue a las autoridades penitenciarias por los enfrentamientos que dejaron 12 personas muertas en menos de 48 horas.
Las legisladoras consideraron inadmisible que, después de los hechos violentos, el responsable del centro penitenciario continúe al frente de la institución, mientras las familias de las víctimas esperan respuestas sobre lo ocurrido.
Paola Gárate señaló que no basta con anunciar medidas para reforzar la vigilancia, sino que deben determinarse las posibles responsabilidades penales de quienes tenían bajo su cargo la seguridad del establecimiento, ya sea por acciones u omisiones.
La diputada también cuestionó las condiciones de seguridad del penal, al señalar que ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habría contado con las garantías necesarias para realizar una inspección.
Las representantes del PRI advirtieron que el ingreso y la presencia de armas, drogas y otros objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios evidencian fallas que deben investigarse para establecer cómo se permitió esta situación.
Asimismo, cuestionaron que la construcción de un nuevo penal sea presentada como una solución, cuando consideran que primero deben atenderse las deficiencias de seguridad y control en los centros de reclusión existentes.
Finalmente, las legisladoras insistieron en que los hechos registrados en El Castillo no pueden quedar únicamente en cambios administrativos o anuncios de nuevas instalaciones, por lo que demandaron investigaciones y sanciones contra los funcionarios que resulten responsables.
