Culiacán, Sinaloa.; a 25 de agosto de 2026.- El PRI buscará que Rubén Rocha Moya quede separado definitivamente de la gubernatura de Sinaloa y no pueda repetir un eventual regreso al cargo, por lo que este martes presentará una solicitud de juicio político en su contra ante el Congreso del Estado.
La diputada local Paola Gárate Valenzuela hizo el anuncio desde tribuna durante la discusión previa a la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
La legisladora señaló que la solicitud será impulsada junto con ciudadanos y representantes empresariales, y tendrá como objetivo principal conseguir la destitución de Rocha Moya como gobernador constitucional y la inhabilitación que, en su caso, corresponda.
“Presentaremos formalmente ante este Congreso la denuncia de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya. La pretensión principal es su destitución del cargo de gobernador constitucional y la inhabilitación que corresponde”, expresó.
Gárate Valenzuela argumentó que la nueva licencia de Rocha Moya mantiene abierta la incertidumbre política, debido a que no representa una separación definitiva del cargo.
Recordó que el mandatario permaneció 112 días con licencia y posteriormente decidió reincorporarse a sus funciones, aunque poco después volvió a solicitar autorización al Congreso para separarse del Ejecutivo.
Ante este escenario, sostuvo que el procedimiento que impulsarán busca evitar que nuevamente pueda producirse un regreso.
“Impedir que Rubén Rocha pueda retomar el control, aunque sea informal, del Gobierno de Sinaloa; devolverle certeza jurídica al Estado, recuperar la estabilidad, exige cerrar la puerta por completo al regreso de Rocha Moya”, señaló.
Durante su posicionamiento, la priista también criticó el proceso mediante el cual Morena impulsó a Graciela Domínguez Nava para encabezar el gobierno interino, al considerar que se requería un acuerdo más amplio con fuerzas políticas y sectores de la sociedad.
Gárate Valenzuela afirmó que Sinaloa requiere una etapa de estabilidad que permita atender la crisis de seguridad, las afectaciones económicas, el desplazamiento de familias y la pérdida de confianza ciudadana.
Una vez presentada formalmente la denuncia de juicio político, corresponderá al Congreso del Estado darle el trámite previsto en la legislación y determinar la procedencia del procedimiento solicitado contra Rocha Moya.
