Culiacán, Sinaloa; a 12 de junio de 2026.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, sostuvo este viernes una reunión con integrantes del movimiento ciudadano Aquí No, colectivo que mantiene su oposición a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y a otros proyectos industriales proyectados para Topolobampo, entre ellos la planta de metanol Mexinol.
Durante el encuentro, la funcionaria federal escuchó los planteamientos de pescadores, habitantes de la región, grupos indígenas mayo-yoremes y organizaciones sociales que desde hace años han expresado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales de estos desarrollos en la Bahía de Ohuira.
Bárcena destacó que la función de la Semarnat es garantizar la protección de los ecosistemas y supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de todas las condicionantes y obligaciones establecidas para los proyectos autorizados.
La titular de la dependencia acudió acompañada de subsecretarias, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y funcionarios responsables de asuntos sociales y ambientales, con el propósito de atender directamente las inquietudes de los opositores.
Previo a la reunión, la secretaria señaló que la intención del Gobierno Federal es que la inversión asociada al proyecto de GPO permanezca en Topolobampo, aunque precisó que primero se analizarán los planteamientos de las comunidades y los temas relacionados con las consultas indígenas realizadas en torno al proyecto.
El encuentro ocurre en medio de una nueva etapa de movilizaciones contra la planta de amoniaco. El pasado domingo, integrantes de Aquí No, pescadores y comunidades indígenas realizaron una marcha hasta el puerto de Topolobampo, donde efectuaron una clausura simbólica de maquinaria vinculada al proyecto y reiteraron su rechazo a la instalación de complejos petroquímicos en la zona.
Mientras los opositores advierten riesgos para la Bahía de Ohuira y las actividades productivas tradicionales, los promotores sostienen que la planta contribuiría a fortalecer la producción nacional de fertilizantes, reducir importaciones y generar empleos en el norte de Sinaloa. La discusión sobre el futuro del proyecto continúa abierta tras más de una década de controversia.
