Culiacán, Sinaloa; a 15 de mayo de 2026.- La Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa mantiene resultados insuficientes en la atención e investigación de agresiones contra comunicadores, aseguró Jesús Bustamante, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.
El representante del gremio señaló que, pese a la creación de esta área especializada, hasta el momento no se tiene conocimiento de casos judicializados o de responsables detenidos por amenazas, intimidaciones o agresiones contra periodistas en la entidad.
Bustamante explicó que actualmente existen alrededor de 20 denuncias radicadas en la vicefiscalía, incluyendo casos de intimidación, violencia digital, agresiones físicas durante protestas y ataques contra instalaciones de medios de comunicación.
Indicó que cuando se impulsó la creación de esta instancia apenas había cerca de ocho expedientes formales, cifra que aumentó posteriormente gracias al trabajo conjunto entre el Instituto de Protección y organizaciones periodísticas para canalizar denuncias y formalizar casos.
Sin embargo, criticó que en algunos incidentes las autoridades intentan reclasificar los hechos y enviarlos a otras áreas de investigación, pese a que las víctimas son periodistas o defensores de derechos humanos que estaban desempeñando funciones relacionadas con su labor al momento de la agresión.
El dirigente de la Asociación 7 de Junio consideró que la vicefiscalía debería asumir desde el inicio estos expedientes para determinar si las agresiones estuvieron vinculadas al ejercicio periodístico y posteriormente, en caso necesario, canalizarlos a otras unidades.
Aunque reconoció que algunos expedientes han sido cerrados o concluidos administrativamente, aclaró que esto no significa que existan responsables detenidos o sentenciados, sino que en varios casos las investigaciones fueron archivadas o transferidas a otras áreas.
Entre los casos que actualmente se investigan se encuentran amenazas, campañas de violencia digital en redes sociales, agresiones físicas durante coberturas y ataques armados contra medios de comunicación registrados en años recientes en municipios como Culiacán y Los Mochis.
Bustamante también señaló que el Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos enfrenta limitaciones presupuestales y de personal, lo que complica la atención de todos los casos que se presentan en el estado.
Aun así, reconoció que el organismo ha buscado acompañar a víctimas y persuadir a periodistas para presentar denuncias formales, aunque consideró que todavía hacen falta mayores herramientas institucionales y capacidad operativa para garantizar protección y seguimiento efectivo a las agresiones.
