Culiacán, Sinaloa; a 06 de mayo de 2026.- Diversas organizaciones civiles encendieron alertas por la iniciativa de Ley de Transparencia impulsada en Sinaloa, al considerar que representa un cambio de fondo que debilita la vigilancia ciudadana y abre la puerta a restringir información pública relevante.
El posicionamiento fue respaldado por Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Tlachinollan, COPARMEX y el colectivo No se metan con nuestras hijas, quienes advirtieron que la propuesta legislativa reduce los alcances del sistema actual de rendición de cuentas.
Entre los puntos que generan mayor preocupación señalaron la eliminación del órgano autónomo encargado de garantizar el acceso a la información, la concentración de funciones en dependencias gubernamentales y la ampliación de criterios para reservar datos, lo que podría dificultar el escrutinio público.
También alertaron que la iniciativa disminuye obligaciones de transparencia para diversos actores, incluidos partidos políticos y sindicatos, además de ampliar los tiempos de respuesta a solicitudes de información, lo que impactaría directamente en el derecho ciudadano a saber.
En el análisis del contexto, las organizaciones sostienen que este rediseño podría derivar en un mecanismo de protección para evitar que se conozcan detalles sobre el manejo de recursos públicos en administraciones recientes.
El señalamiento ocurre en medio de cuestionamientos hacia el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, ante versiones sobre presuntos actos de corrupción y posibles vínculos investigados por autoridades en el extranjero.
Las agrupaciones advirtieron que, de aprobarse sin modificaciones, la legislación podría permitir una mayor discrecionalidad en la clasificación de la información, limitando el acceso a datos clave sobre contratos, gasto público y decisiones gubernamentales.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para abrir el debate y revisar la iniciativa, con el fin de evitar retrocesos en materia de transparencia y garantizar que se mantengan mecanismos efectivos de rendición de cuentas en Sinaloa.
