Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios mexicanos acusados de narcotráfico y delitos relacionados con arma
Estados Unidos; a 29 de abril de 2026.- Para difusión inmediata Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios mexicanos acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas
Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la revelación de una acusación formal contra
Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz de la Vega, Dámaso Castro Zaavedra DÁMASO, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio DionisioHipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Vale Millán, alias “Juanito”, por delitos de narcotráfico y relacionados con armas.
Millán también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de dicha fuente que resultaron en sus muertes.
Todos los acusados son funcionarios actuales o exfuncionarios de alto nivel del gobierno y de las fuerzas del orden en el estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador, Ruben Rocha Moya, y se alega que se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado a esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo el fiscal estadounidense Jay Clayton. “Como lo deja claro la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad o éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en todo el mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización designada como terrorista que depende de la corrupción y los sobornos para generar violencia y ganancias”, dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando un flujo constante de drogas mortales hacia nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios en Estados Unidos y México que eligen la integridad todos los días y trabajan con nosotros para proteger a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico global. Desde su base en Sinaloa, el cártel ha trabajado con elementos criminales en todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, traficantes de drogas y políticos corruptos en América Central y del Sur, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a comunidades en ese país. El cártel también ha llevado a cabo una violencia generalizada, incluidos miles de asesinatos, en México y en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos.
Para proteger y expandir este imperio de narcotráfico, el cártel presuntamente se asoció con políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los acusados, quienes habrían abusado de su autoridad en apoyo del cártel, expuesto a víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de enormes sobornos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos de los acusados, habrían participado directamente en la violencia y represalias del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.
Los acusados en esta acusación son funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa. Según se alega, cada uno participó en una conspiración corrupta y violenta con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Los acusados desempeñaron diversos roles esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas del orden y militares a miembros del cártel y traficantes aliados; ordenaron a cuerpos policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga almacenados o en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que la violencia relacionada con drogas ocurriera sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Según se alega, los acusados estaban más estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”. Operaban en todos los niveles del gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y abusaron de sus cargos para facilitar las operaciones de este grupo. Por ejemplo, Rubén Rocha Moya fue el elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, después de que presuntamente “Los Chapitos” ayudaran a su elección mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. A cambio, antes y después de asumir el cargo, presuntamente sostuvo reuniones con ellos, donde prometió protegerlos mientras distribuían drogas hacia Estados Unidos, y como gobernador les permitió operar con impunidad en Sinaloa.
De manera similar, otros acusados habrían ayudado directamente a “Los Chapitos” a cambio de sobornos. Por ejemplo, Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador en la Fiscalía de Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales a cambio de proteger a miembros del grupo y alertarlos sobre operativos.
Algunos acusados también habrían participado directamente en la violencia del cártel. Por ejemplo, Juan Valenzuela Millán, comandante de alto nivel de la policía municipal de Culiacán, habría recibido pagos mensuales y permitido acceso total al cártel a la corporación, usando policías para detenciones, secuestros y asesinatos.
En octubre de 2023, habría participado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados.
