Culiacán, Sinaloa; a 25 de marzo de 2026.-En el discurso oficial, el Estado de Derecho se sostiene en la imparcialidad de las instituciones. En la práctica, hay decisiones que abren dudas. La reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar por extemporánea una controversia constitucional no solo resolvió un expediente; dejó preguntas que no se pueden ignorar.
La primera es directa: si la extemporaneidad era tan evidente, ¿por qué el asunto no se desechó desde el inicio? Permitir que el proceso avanzara, que se analizara, que se proyectara, para finalmente cerrarlo con el argumento de que nunca debió haber sido considerado, genera una percepción inevitable: la de una justicia que se mueve según el momento.
No es una crítica menor. Desde el ámbito jurídico, voces como la de Francisco Javier Villarreal Gastélum han señalado que este tipo de resoluciones abonan a la idea de una justicia selectiva, o al menos, de una justicia que encuentra en las formas el argumento perfecto para evitar el fondo.
Porque aquí no se resolvió si hubo o no una violación constitucional. No se analizó si existió abuso de autoridad o si se vulneró el debido proceso. Se optó por el camino más corto: el del calendario. Y cuando eso ocurre en el máximo tribunal del país, la señal que se envía no es menor.
El problema no es el respeto a los tiempos procesales. Eso es parte esencial del derecho. El problema es cuando esos tiempos se convierten en una barrera que impide discutir lo verdaderamente importante. Cuando la forma termina por sustituir al fondo, el riesgo es que la justicia deje de percibirse como tal.
Y es ahí donde aparece el terreno más delicado: el de las posibles influencias. Porque en política, los vacíos no se quedan vacíos. Cuando una decisión no termina de explicarse por sí misma, surgen interpretaciones. ¿Hubo presión? ¿Pesaron más las voces del poder que el análisis jurídico? Son preguntas que no necesariamente tienen respuesta pública, pero que comienzan a instalarse en la conversación.
El señalamiento de que el sistema judicial construyó un “muro de papel” para evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto no es solo una frase. Es una advertencia. Porque cuando las instituciones parecen esquivar los temas de mayor relevancia, la confianza comienza a erosionarse.
Lo más preocupante es el precedente. Si los asuntos de alta trascendencia constitucional pueden resolverse sin entrar al fondo, bajo el argumento de un plazo, entonces el mensaje es claro: hay temas que pueden evitarse, siempre y cuando exista una vía procesal para hacerlo.
Eso no fortalece al Estado de Derecho. Lo debilita.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo resuelve casos, también construye credibilidad. Y esa credibilidad depende, en buena medida, de la percepción de independencia frente a cualquier tipo de presión. Cuando esa percepción se pone en duda, el impacto trasciende cualquier expediente.
Ahome es hoy el escenario de un debate que va más allá de lo local. Es el reflejo de una tensión constante en el país: la distancia entre la legalidad formal y la justicia material.
Porque al final, la pregunta no es si se cumplió con el calendario. La pregunta es si se cumplió con la Constitución. Y cuando esa duda queda en el aire, lo que se pone en juego no es un caso… es la confianza en todo el sistema.
