Culiacán, Sinaloa; a 10 de julio de 2025.- La violencia que ha persistido durante los últimos diez meses en Sinaloa ha provocado el colapso del comercio en Culiacán y otros municipios, denunció Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC).
De acuerdo con el líder empresarial, más de 2 mil negocios formales e informales han cerrado en Culiacán como consecuencia directa de la inseguridad, lo que ha generado la pérdida de más de 7 mil empleos y una caída de hasta 80 por ciento en la actividad comercial.
Sánchez Beltrán estimó que las pérdidas económicas en este periodo ascienden a 30 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones corresponden al sector micro, pequeño y mediano comercio. Esta situación ha afectado especialmente a municipios como Culiacán, Navolato, Elota y Mazatlán.
Los giros más golpeados han sido aquellos relacionados con productos y servicios no esenciales, como ropa, tecnología, artículos para el hogar, entretenimiento, belleza y eventos sociales. En contraste, el sector alimentario muestra una ligera recuperación, al igual que grandes cadenas que atienden a consumidores con ingresos fijos.
El dirigente empresarial también advirtió que la economía informal, que representa el 47.7 por ciento de la actividad económica en el estado, tampoco está siendo considerada en estas estimaciones de pérdida.
Según datos de la UCC, en los últimos meses se ha registrado un incremento de hasta 50 por ciento en los delitos contra el sector comercial. Esto incluye robo de vehículos, asalto a negocios, extorsiones telefónicas —que han aumentado un 300 por ciento—, y asesinatos, particularmente en el centro de la ciudad y zonas periféricas.
Más de 800 comerciantes han sufrido el robo de unidades particulares o de transporte, lo que ha provocado la cancelación de compras programadas de vehículos nuevos para este año.
Ante la crisis, Sánchez Beltrán informó que una gran parte del sector se ha declarado en moratoria de pagos, ya que no pueden cumplir con compromisos de renta, créditos bancarios ni obligaciones fiscales con el gobierno estatal.
