Culiacán, Sinaloa: a 03 de julio de 2025.-
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó como dato de prueba ante el juez, un posible daño al erario público del Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento de unidades para convertirlas en patrullas, presuntamente mediante un proceso irregular, por un monto de 42 millones 415 mil 18 pesos con un centavo.
La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal Acusatoria Oral Zona Centro, por la presunta compra irregular de 135 unidades por un monto de más de 161 millones de pesos .
Tras cinco horas de audiencia, a petición de la defensa de los imputados , quienes solicitaron apegarse al recurso de duplicidad de término, se concedió un plazo de 144 horas para continuar el debate.
Julio César Romanillo, ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, solicitó a través d su defensa declarar durante la audiencia, pero el juez ponderando que fueran las mismas circunstancias para todos los imputados, consideró que el alegato se dará hasta el próximo martes.
La audiencia se retomará el próximo martes 08 de julio en punto de las 10:00 horas.
La Fiscalía General del Estado presentó formulación de imputación contra el ex alcalde, Gerardo Vargas Landeros, por el delito de Ejercicio Indebido de la Función Pública mientras que contra Genaro García Castro, ex secretario del Ayuntamiento, el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo Montoya, entre otros miembros del Comité de Adquisiciones por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
La Fiscalía argumentó que el 09 de diciembre celebró el contrato de manera presuntamente irregular por un monto de 126 patrullas, entre camionetas, vehículos y motocicletas, para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio, por un monto de 171 millones de pesos.
Sin embargo, posteriormente modificó el contrato el cual fue autorizado por todos los miembros del comité de adquisiciones por una cantidad de 161 millones 112 mil 198 pesos.
La empresa con la que el municipio firmó este contrato fue Grinleasing SAPI SA DE CV, a nombre de Raúl Antonio Mendoza.
La fiscalía argumentó que este contrato se celebró sin licitación público al darse mediante adjudicación directa, pese a que la ley lo prohíbe.
Se explicó que se hicieron 67 pagos por medio de facturas , por un monto superior a los 161 millones de pesos.
Además encontró que se lograron adquirir 9 patrullas más, pues en el primer contrato se estableció que serían arrendadas 126 pero en total fueron 135.
También se determinó que estas modificaciones implicó cambio de marca de las unidades, entre otras características.
Durante las múltiples entrevistas que se realizaron , la fiscalía expuso que personal del municipio señaló que recibieron indicaciones para hacer una revisión de las unidades de la secretaría de Seguridad Pública que contaban en el 2021 , dándose a la tarea de acudir al Taller Municipal, detectando que el 70 por ciento de las 142 patrullas estaban en mal estado.
Además que firmaron documentos, donde también venía una valoración hecha por mecánicos sobre estas unidades, muchas de estas sin volante, llantas, entre otras piezas.
La fiscalía fue reiterativa que el municipio no cumplió con la Ley al no licitar el arrendamiento de las unidades en diciembre del 2021.
Además, expuso que detectaron que la empresa Grinleasing SAPI SA DE CV, subcontrató los servicios de la empresa Casanova Vallejo SA DE CV, para de esta forma cumplir en su totalidad con el arrendamiento de las unidades, lo cual provocó un aumento en el costo de la renta por unidad, provocando una afectación al municipio por más de 42 millones de pesos.
