Culiacán, Sinaloa; a 12 de junio de 2025.- Por unanimidad, las y los diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, mediante el cual se concreta la creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El proyecto legislativo reforma el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, así como la adición de diversas disposiciones al Código Penal del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa.
En el dictamen se establece que esta nueva figura, que dependerá directamente de la Fiscalía General del Estado, y será responsable de investigar de manera inmediata y oficiosa toda agresión cometida contra periodistas y defensores de derechos humanos, con perspectiva de género.
Durante la exposición de motivos, se destacó que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, es por eso que las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones dictaminadoras, externaron que, ante la alarmante vulnerabilidad que enfrentan estos grupos, resultaba impostergable que el Estado garantice el acceso a la justicia, la prevención de agresiones y la reparación del daño.
Se precisó que actualmente, la Fiscalía General cuenta con una Vicefiscalía de Derechos Humanos, pero sin atribuciones específicas para atender delitos contra periodistas y activistas sociales, por lo que con la reforma, se especifica su competencia y se amplía su denominación para abarcar esta función.
Las Comisiones dictaminadoras también señalaron que esta medida cumple con los principios de austeridad republicana, al evitar la creación de una estructura completamente nueva, aprovechando las instancias ya existentes dentro de la Fiscalía.
Con esta reforma, el Congreso de Sinaloa responde a una exigencia social y legal largamente postergada, que es garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
