Culiacán, Sinaloa; a 02 de abril de 2024.- De nueva cuenta se demuestra que el Gobernador del Estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya, así como medios de comunicación que han funcionado como voceros del mismo, difamaron y mintieron en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa ( UAS) tras el ejercicio de la cuenta pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde hubo observaciones con un monto de 128 millones de pesos a dilucidar el cuál actualmente se encuentra totalmente aclarado y en cero, notificando al encargado del Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero la solventación del pliego de observación, afirmó el abogado universitario Milton Ayala Vega.
“En la Auditoría Superior de la Federación existe un proceso, el primer proceso de las auditorías es la revisión una vez que se les entrega toda la documentación comprobatoria en la aplicación del recurso en este caso legal y federalizado, si a la auditoría le quedan algunas cuestiones pendientes o que le causen dudas, se va a emitir pliego de observaciones, lo que significa que le va a requerir al ente fiscalizado que aclare o cumpla esas circunstancias, pero ya en específico”, indicó.
Ejemplificó que en dicho ejercicio se auditó entre otros a María de la Luz Palazuelos, quien fue la proveedora de los consumos alimenticios de las casas del estudiante de la UAS, contratados por el propio Gobernador Rubén Rocha Moya cuando fungió como Rector de la Casa Rosalina, confirmado por ellos mismos; donde además se emitieron observaciones sobre ese proveedor, las cuales ya fueron aclaradas y dispersadas.
“De acuerdo a lo que dice la Ley de la Auditoría Superior de la Federación y Fiscalización, la única en establecer si hubo un daño patrimonial o un quebranto a la Hacienda Pública de la Federación o de los organismos aplicadores es la Autoría Superior de la Federación lo cual quedó comprobado con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que el recurso se aplicó correctamente”, mencionó.
Puntualizó que por esa y muchas cuestiones más que han sido comprobadas por parte de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense, se demuestra que se trata de una persecución política encabezada por del Gobierno del Estado de Sinaloa y la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.
