Culiacán, Sinaloa; a 14 de octubre de 2026.– La contratación de un nuevo crédito por 700 millones de pesos por parte del Gobierno de Sinaloa ha generado cuestionamientos sobre el destino que tendrán estos recursos. Desde el sector empresarial, la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) pidió que las autoridades expliquen públicamente en qué se utilizará el financiamiento y qué necesidades serán atendidas.
Julio César Silvas Inzunza, presidente del organismo, reconoció que la administración estatal puede requerir recursos adicionales para cumplir con sus compromisos y desarrollar proyectos, pero consideró indispensable que exista información clara sobre los motivos de este nuevo endeudamiento.
“Me queda claro que el Estado ocupa recursos. Entonces habrá que ver bajo qué proyectos está solicitando”, expresó el dirigente empresarial.
Silvas Inzunza señaló que, de acuerdo con la información que conoce, el Gobierno de Sinaloa ha mantenido un comportamiento adecuado en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, situación que consideró relevante al momento de acceder a nuevos préstamos.
No obstante, insistió en que la capacidad de pago no debe ser el único elemento a considerar, pues también es importante que la población conozca cómo se utilizará el dinero público.
“Deben ser transparentes para que la opinión pública pueda conocer en qué se va a invertir o cómo se va a destinar ese recurso”, manifestó.
El representante de ADECEM consideró que la autorización del financiamiento por parte de una institución bancaria refleja que existen condiciones financieras para asumir la obligación, aunque su declaración no sustituye la necesidad de conocer los términos y alcances del contrato.
“Al final de cuentas, si lo solicitaron y se los dieron, es porque el Estado cuenta con la capacidad para pagar. Ninguna entidad financiera te va a prestar si el Estado no puede pagar”, sostuvo.
El nuevo crédito fue adjudicado a Banco Mercantil del Norte (Banorte), luego de presentar la propuesta con el menor costo financiero dentro del proceso competitivo realizado por el Gobierno de Sinaloa.
La operación contempla un plazo de 20 años para su liquidación y estará respaldada por participaciones federales, lo que implica comprometer una fuente de ingresos públicos para garantizar el cumplimiento de los pagos.
Ante estas condiciones, el sector empresarial considera necesario conocer no solamente el destino de los 700 millones de pesos, sino también los proyectos o compromisos que justifican la contratación de financiamiento a largo plazo.
Julio César Silvas reiteró que obtener recursos puede ser necesario para la administración pública, pero subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas deben acompañar cualquier decisión relacionada con el manejo de las finanzas estatales.
