Culiacán, Sinaloa, 8 de octubre de 2026.— Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) salieron nuevamente a las calles para exigir que se detengan los descuentos aplicados a sus ingresos desde enero de este año. Los manifestantes acudieron a Palacio de Gobierno, donde solicitaron una audiencia con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava para plantearle las afectaciones que, aseguran, enfrentan cientos de extrabajadores universitarios.
Florina García Borquez, presidenta de la Asociación Civil de Jubilados de la UAS, denunció que las retenciones, relacionadas con el programa de reingeniería financiera de la institución, representan entre el 10 y el 20 por ciento de sus percepciones. Señaló que algunos afectados pierden desde mil 600 hasta 10 mil pesos por quincena, situación que complica su economía, principalmente por los gastos médicos que deben cubrir debido a su edad.
La dirigente cuestionó que, a pesar de haber solicitado una reunión con la mandataria estatal desde agosto, todavía no reciben respuesta. También aseguró que desconocen el documento oficial que respalda la reingeniería financiera y responsabilizó al rector Jesús Madueña Molina de haber ordenado las deducciones.
García Borquez explicó que la inconformidad ya llegó a los tribunales, donde aproximadamente mil 400 jubilados promovieron demandas laborales para reclamar la devolución del dinero descontado desde el primero de enero y solicitar que se cancelen las retenciones. Sin embargo, acusó que los procedimientos avanzan lentamente, por lo que los manifestantes también acudieron a exigir mayor celeridad a las autoridades judiciales.
La representante de los jubilados advirtió que mantendrán sus protestas hasta obtener una respuesta, al señalar que las deducciones afectan especialmente a personas de entre 70 y más de 90 años, muchas de las cuales dependen de sus ingresos para cubrir medicamentos, consultas y tratamientos médicos.
Los inconformes insistieron en que no buscan únicamente recuperar los recursos retenidos, sino evitar que continúen aplicándose descuentos que consideran injustificados.
