CULIACÁN, Sinaloa; a 17 de septiembre de 2026.- El número de mujeres asesinadas en Sinaloa durante 2026 se aproxima a 100 casos, una cifra que, de acuerdo con Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, refleja la profundidad del problema de violencia que enfrenta la entidad.
Calderón Quevedo aclaró que la clasificación jurídica de cada caso corresponde a las autoridades investigadoras, pero sostuvo que, independientemente de si se determina homicidio o feminicidio, el número de víctimas obliga a reforzar las acciones de protección y prevención dirigidas especialmente a mujeres, niñas y jóvenes.
El coordinador consideró que el incremento de elementos militares y policiales, como el reciente reforzamiento desplegado en Mazatlán, no puede ser la única respuesta. Señaló que también deben fortalecerse programas sociales, estrategias de cultura de paz y mecanismos de atención comunitaria que ayuden a reducir los factores que alimentan la violencia.
A ello, dijo, debe sumarse una mayor capacidad para investigar y sancionar los delitos. Calderón Quevedo planteó incrementar recursos para ministerios públicos, peritos, policías de investigación, Fiscalía y otras instituciones involucradas en la procuración de justicia, al señalar que la falta de personal y herramientas puede retrasar la resolución de los casos.
Otro de los asuntos que pidió atender es la reactivación del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Indicó que las sesiones permanecen suspendidas desde febrero de 2024 y confió en que la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, convoque nuevamente al organismo y avance en la renovación de sus representantes ciudadanos.
Respecto a la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Culiacán, Calderón Quevedo consideró que debe aprovecharse para colocar la recuperación de la paz entre los principales temas de la agenda de Sinaloa y plantear acciones concretas de coordinación entre Federación, estado, municipios y sociedad civil.
Finalmente, sostuvo que atender la crisis requiere una estrategia integral: presencia operativa en las calles, prevención, atención social, investigaciones efectivas y mayores capacidades para las instituciones encargadas de seguridad y justicia.
