Culiacán, Sinaloa, a 11 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Sinaloa se encuentra en proceso de gestionar un crédito de corto plazo por mil 100 millones de pesos, confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Ambrocio Chávez Chávez.
El legislador explicó que tuvo comunicación con el área de Finanzas del Gobierno estatal, donde le confirmaron la existencia del trámite. Detalló que el recurso estaría destinado a atender necesidades inmediatas de la administración, entre ellas flujo de efectivo, gasto operativo, pago a proveedores y otros compromisos financieros.
A diferencia de otros financiamientos contratados por el Gobierno estatal, este préstamo no necesita autorización del Congreso, debido a que se trata de un crédito de corto plazo que deberá ser liquidado dentro de los tiempos establecidos antes de que concluya la actual administración.
Chávez Chávez señaló que, aunque el Poder Legislativo no interviene en su autorización, el ejercicio del recurso sí deberá quedar registrado y estará sujeto a los procesos de fiscalización correspondientes.
El diputado reconoció que hasta ahora no se ha informado con precisión en qué rubros serán aplicados los mil 100 millones de pesos, por lo que consideró necesario que la Secretaría de Administración y Finanzas dé a conocer públicamente el destino del financiamiento.
El presidente de la Comisión de Hacienda recordó además que todavía existen recursos pendientes de ejercer de créditos autorizados anteriormente por el Congreso. Del financiamiento por 2 mil 200 millones de pesos, aprobado en diciembre de 2025, faltarían alrededor de 700 millones de pesos por ejercer.
A esto se suman aproximadamente 420 millones de pesos pendientes del crédito previo por 2 mil 300 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con el legislador, fueron autorizados principalmente para obra pública y proyectos productivos.
Ambrocio Chávez sostuvo que el nuevo préstamo tendrá que ajustarse a la capacidad financiera del Gobierno estatal y reiteró que, aunque no requiere el aval legislativo, deberá transparentarse tanto su contratación como el destino de cada peso utilizado.
