Culiacán, Sinaloa; a 28 de agosto de 2026.- En representación de la diputada Paola Gárate, una comisión ciudadana de firmantes de la denuncia de juicio político contra el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, actualmente con licencia temporal y se solicita su destitución, acudieron a ratificar la misma ante la secretaria general del Congreso del Estado de Sinaloa, Conzuelo Gutiérrez.
La funcionaria explicó a los firmantes; Jorge Antonio Peralta González, Rosio Rojo Rosas, Karla de Lourdes Montero Alatorre y Helga Misandra Reyes Carrizales, que la secretaría general enviará el expediente correspondiente a la mesa directiva para revisar que cumpla con los requisitos necesarios y turnar a la comisión de puntos constitucionales y gobernación para un análisis a fondo del caso y resolución.
Las imputaciones que motivan esta denuncia, señala el documento: han afectado la confianza de la población en la neutralidad de las corporaciones, la libertad electoral, la procuración de justicia y la cooperación entre autoridades estatales, federales y extranjeras. Ese daño existe con independencia del resultado penal y sólo puede enfrentarse mediante un procedimiento público, contradictorio y documentado que esclarezca la responsabilidad política.
El expediente incluye la acusación formal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos, protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa mediante el uso de información sensible y la acusación estadounidense de que en la campaña electoral 2021, el entonces candidato se habría reunido con líderes de la facción conocida como Los Chapitos; que éstos habrían ofrecido asegurar su triunfo; y que, a cambio, se habría prometido colocar en posiciones de autoridad a personas favorables a sus operaciones.
Señala el documento: Si se acreditara que el mando político o recursos estatales fueron puestos al servicio de una organización criminal, se habría invertido la finalidad constitucional de la seguridad pública: las capacidades creadas para proteger a la población habrían sido utilizadas para proteger operaciones delictivas, neutralizar rivales, compartir información reservada y generar impunidad. Esa hipótesis incide directamente en los intereses públicos fundamentales y en el buen despacho del Poder Ejecutivo.
