Después de aportar las pruebas suficientes, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) obtuvo de la autoridad judicial, en procedimiento abreviado, sentencia de dos años ocho meses de prisión, así como la suspensión de sus derechos civiles y amonestación pública, concediendo un plazo de siete días al acusado para que decida a qué beneficio se acogerá.Lo anterior, derivado de que, en febrero de 2025, Julio “N”, quien se desempeñaba como servidor público, presentó ante el Centro de Evaluaciones y Control de Confianza (CECC) una copia de un certificado de bachillerato que, después de solicitar su validación ante la institución educativa, resultó ser falso.
