Culiacán, Sinaloa; a 17 de junio de 2026.- En medio de la controversia que rodea a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, manifestó que el proyecto debe continuar y llamó a las autoridades estatales y federales a garantizar condiciones de certeza jurídica para la inversión.
El líder empresarial señaló que la obra ha transitado durante años por distintos procedimientos legales, técnicos y administrativos, además de representar una inversión multimillonaria y la generación de miles de empleos, por lo que consideró que una eventual suspensión enviaría un mensaje negativo para el desarrollo económico del estado.
Silvas Inzunza advirtió que Sinaloa difícilmente podrá consolidar una estrategia de industrialización si proyectos considerados estratégicos permanecen sujetos a escenarios de incertidumbre permanente. Indicó que la confianza de los inversionistas depende de que exista claridad en las reglas y respeto a los procesos institucionales una vez que se cumplen los requisitos establecidos por la autoridad.
El dirigente de ADECEM reconoció que las preocupaciones de comunidades y grupos opositores deben ser escuchadas, pero sostuvo que el diálogo debe orientarse a encontrar soluciones que permitan conciliar el desarrollo económico con las inquietudes sociales y ambientales planteadas por diversos sectores.
Sus declaraciones se producen luego de que integrantes del movimiento Aquí No, pescadores y comunidades indígenas mayo-yoremes realizaran una manifestación y clausura simbólica de maquinaria vinculada al proyecto. En paralelo, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya sostuvieron reuniones con representantes de los grupos opositores para escuchar sus planteamientos sobre los posibles impactos ambientales en la Bahía de Ohuira.
