Culiacán, Sinaloa; a 08 de junio de 2026.- Aunque destacó avances académicos, de investigación, vinculación y cobertura educativa durante su primer año de gestión, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, reconoció que la institución atraviesa una de las etapas financieras más difíciles de su historia.
Previo a la presentación de su Primer Informe de Labores, el dirigente universitario señaló que la falta de recursos extraordinarios y las obligaciones financieras acumuladas han colocado a la UAS en una situación crítica.
Madueña Molina explicó que la universidad ha realizado esfuerzos para cubrir adeudos heredados, lo que ha impactado severamente la disponibilidad de recursos para la operación diaria de la institución.
“Está a punto de colapsar la institución”, advirtió al referirse al panorama financiero que enfrenta la máxima casa de estudios de Sinaloa.
El rector detalló que, pese a las gestiones realizadas ante autoridades federales y estatales, todavía no existe una definición sobre el monto ni la fecha de entrega de los apoyos solicitados para aliviar el déficit presupuestal.
Indicó que la UAS ha destinado importantes recursos al pago de compromisos pendientes, situación que ha reducido considerablemente su margen financiero para atender gastos operativos y de nómina.
Ante este escenario, reconoció que la posibilidad de un paro laboral sigue latente si no llegan recursos extraordinarios en las próximas semanas.
“Si no nos ayudan, la universidad ya no va a poder caminar”, sostuvo.
Madueña Molina señaló que la preocupación aumenta debido a que la institución está en proceso de admisión para el próximo ciclo escolar, en el que se contempla el ingreso de alrededor de 50 mil nuevos estudiantes.
Asimismo, reiteró que la universidad mantiene demandas históricas relacionadas con el reconocimiento de plazas académicas, horas de asignatura y apoyos extraordinarios que considera indispensables para garantizar la estabilidad financiera de la institución.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales para que las expresiones de respaldo hacia la universidad se traduzcan en recursos concretos que permitan asegurar la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos con la comunidad estudiantil.
