Culiacán, Sinaloa; a 12 de febrero de 2026.-Con la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión del Estado de Sinaloa, que aprueba el Congreso del Estado de Sinaloa para armonizarla con la correspondiente Ley General, se modifica la pena actual de
4 a 12 años a una que va de 15 a 25 años, la cual es una penalidad ejemplar para efecto de inhibir el delito.
Lo anterior lo señaló la diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al participar en la discusión del dictamen sobre dicha ley, y que finalmente fue aprobada sin ningún voto en contra.
En su posicionamiento, la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena expuso que el tema ya tenía discutiéndose por varias semanas, y puntualizó que en esencia es una “ley espejo” del contenido de la correspondiente ley federal.
Aprobar la ley local, aseguró, “es responderle a la ciudadanía, es ocuparnos de una temática que se ha convertido en un problema, es hablar de cómo a veces hasta de los centros penitenciarios salen llamadas”.
Asimismo, añadió, es hablar de reparación del daño a las víctimas, es ocuparnos de esta lamentable situación que hemos vivido en temas de seguridad.
“Lo que estamos haciendo –precisó– es responder a una exigencia de regular una práctica que no solamente debemos erradicar, sino que debemos sancionar ejemplarmente”.
Durante la discusión también, participó la diputada Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, quien resaltó que aprobar la ley no es mero trámite, sino que es tomar una decisión estratégica para reducir una problemática real.
Se propone, dijo, el combate a la extorsión con claridad legal para cerrarle las puertas a la impunidad, se establece un marco coherente que evite la dispersión en las interpretaciones de la ley.
Asimismo, aseguró que estos cambios dan menos margen para el extorsionador y más certeza para el estado y las víctimas, a la vez que se fortalece la ruta para que el Estado dé respuesta rápida, más técnica y más consistente, a través de una coordinación efectiva de las autoridades competentes.
Sobre el tema también participó la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, del PRI, quien aclaró que no estaba en contra de combatir la extorsión, ya que es un delito que lacera a la población, y que incluso una simple llamada genera temor en quien la recibe.
Sin embargo, dijo, y propuso que no se dispensara la segunda lectura del dictamen, como se había aprobado, ya que apenas una noche antes se había distribuido el mismo.
