Culiacán, Sinaloa; a 01 de diciembre de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que la solicitud de un crédito por 2 mil 200 millones de pesos enviada al Congreso del Estado tiene como objetivo impulsar obras productivas en todo Sinaloa y atender la deuda heredada por las administraciones de Mario López Valdez (Malova) y Quirino Ordaz Coppel.
Durante la Conferencia Semanera, el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Güicho, detalló que al asumir el cargo recibieron una deuda superior a 17 mil millones de pesos, de la cual se han logrado liquidar 8 mil 937 millones. Sin embargo, aún quedan compromisos que deben ser atendidos para no frenar proyectos estratégicos.
Landeros recordó que, además de esta nueva solicitud, el Congreso ya aprobó un crédito por 2 mil 300 millones de pesos, con lo que la deuda a largo plazo quedará en 4 mil 500 millones durante los próximos 20 años, permitiendo mayor margen financiero al estado. Tras esta reconfiguración, señaló, se busca finalmente liberar a la actual administración de los compromisos heredados por los gobiernos anteriores.
Obras prioritarias en varios municipios
Rocha Moya explicó que los recursos se dirigirán a proyectos de infraestructura que calificó como “obras productivas”, entre ellas:
• Guasave: construcción del puente que conectará Bellavista y Boca del Río con Las Glorias.
• Los Mochis: nuevas obras de pavimentación.
• Juan José Ríos: rehabilitación del sistema de drenaje.
• Culiacán: par vial que enlaza el bulevar Agricultores con La Costerita.
• Altata: mejora del puerto con la creación de una nueva vialidad.
El mandatario señaló que estas obras buscan mejorar la movilidad, impulsar la actividad turística y fortalecer el desarrollo regional.
Deudas heredadas y sanciones limitadas
Durante la conferencia, las autoridades expusieron que parte de la deuda heredada corresponde a retenciones no enteradas y adeudos históricos con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES). Se informó que se iniciaron procedimientos legales y administrativos contra servidores públicos responsables de dichas omisiones.
Como resultado, solo un funcionario fue sancionado con inhabilitación por siete años, aunque no se logró recuperar el recurso involucrado.
Las autoridades aclararon que muchos de estos casos prescribieron, lo que impide al gobierno actual emprender nuevas acciones legales para reclamar los montos faltantes.
Rocha Moya insistió en que la contratación del crédito permitirá continuar con obras prioritarias sin comprometer la operatividad del estado, así como avanzar en la estabilidad financiera tras años de arrastre de obligaciones.
