Culiacán, Sinaloa; a 20 de junio de 2025.- Luego de que se generara un debate y cuestionamientos sobre sus alcances y se hiciera una interpretación equivocada sobre los objetivos de dos iniciativas relacionadas con violencia política en razón de género y violencia digital, las diputadas María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, y Erika Rubí Martínez Rodríguez anunciaron la suspensión del trámite legislativo de ambos proyectos.
La decisión fue anunciada durante una reunión con presidentes y representantes de asociaciones de periodistas y organizaciones civiles, convocada por la misma presidenta de JUCOPO, donde los comunicadores reconocieron la decisión y la prudencia por parte del Congreso, haciendo referencia en que hay puntos de las iniciativas que estaban provocando inquietud sobre aparentes afectaciones hacia la libertad de expresión.
Guerra Ochoa explicó que ambas iniciativas han sido objeto de interpretaciones distorsionadas respecto a sus objetivos y alcances reales, por lo que planteó un nuevo esquema de trabajo donde las organizaciones involucradas, incluyendo instituciones de defensa de las mujeres, construyan las propuestas desde abajo, con el acompañamiento técnico del Congreso estatal.
La legisladora enfatizó que las propuestas surgieron de un análisis nacional e internacional sobre la necesidad de actualizar las normativas ante el crecimiento del uso indebido de las redes digitales, por lo que subrayó que los delitos cometidos a través de estas vías tecnológicas incluyen suplantación de identidades y uso de perfiles falsos para denostaciones, problemáticas que han llevado incluso a casos de suicidio entre adolescentes.
Guerra Ochoa aclaró que nunca hubo intención de censura ni de afectar el ejercicio periodístico, sobre todo, considerando su trayectoria como periodista y analista en medios de comunicación, así como su compromiso histórico con la libertad de expresión, ya que la única intención era fortalecer la protección de las mujeres.
Durante el encuentro, Marlene León Fontes, presidenta de Iniciativa Sinaloa, expresó su preocupación por algunos aspectos que contienen estas iniciativas en el contexto nacional actual, por lo que agradeció la prudencia por parte de las diputadas de detener cualquier tipo de proceso legislativo y abrir espacio para revisar que las propuestas no resulten contraproducentes para la libertad de expresión.
En este mismo sentido, el periodista y analista Alejandro Sicairos extendió las preocupaciones del gremio, y dijo que es de reconocerse que, en casos como estos, donde haya inquietud por parte de la ciudadanía, el Congreso decida ponerle freno a los procesos y preste atención a las opiniones del gremio periodístico, ya que el ambiente se había enrarecido tras casos como la sanción a un periodista en otro estado de la República, lo que generó temor sobre la posibilidad de que servidores públicos pudieran demandar a comunicadores por contenidos publicados.
La diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez reiteró que la finalidad nunca fue oponerse a los periodistas o censurarlos, sino proteger los derechos de mujeres e infancias, reconociendo que el marco legal debe actualizarse conforme a los retos actuales.
Ambas legisladoras pusieron a disposición de la sociedad civil el contenido de las iniciativas suspendidas para que puedan ser analizadas, modificadas o complementadas a través de un proceso participativo que incluirá mesas de trabajo y construcción colectiva de propuestas legislativas.
