Ciudad de México; a 17 de mayo de 2025.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una reforma de gran calado a las fiscalías, que devuelve al Ejecutivo federal y de los Estados el poder para designar a los titulares de esas instituciones. La reforma, cuyos detalles han sido confirmados por EL PAÍS con fuentes del Congreso y la Presidencia, incluye a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías de los 32 Estados del país. El cambio cualitativo significa un regreso a la época en que el presidente o gobernador de turno designaba directamente a su fiscal, antes llamado procurador.
Esa facultad discrecional también le permitía relevarlo de sus funciones, como a cualquier otro secretario de Gobierno bajo su autoridad. En esas condiciones, el procurador solía estar profundamente vinculado al mandatario o a un partido, y en muchos casos actuaba en concierto con la agenda política del momento.
Hace una década, se modificó la Constitución para dotar a las fiscalías de independencia respecto del Ejecutivo. Parte de la reforma incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en el que el Senado adquirió un rol fundamental. Otra medida fue extender el periodo en el cargo de los fiscales para que fuesen transexenales, es decir, que durasen más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos a los cambios políticos.
Morena argumenta ahora que esa autonomía se ha convertido en un lastre para la procuración de justicia, pues algunos fiscales, muy ligados a mandatarios de oposición, juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción.
Muy poco ha cambiado con la autonomía de las fiscalías, a decir de los especialistas. La investigación y persecución de los delitos sigue entrampada en los Ministerios Públicos, muy pocos casos llegan a los jueces y la impunidad continúa en niveles exorbitantes. Con fiscales independientes o no, los ciudadanos quedan como el eterno eslabón débil en la cadena de la procuración de justicia.
“No es que la autonomía les haya dado a los ciudadanos la sensación de estar más protegidos, de que tienen acceso a la justicia. Yo no creo que [la reforma de Sheinbaum] sea una pérdida, porque no creo que ganáramos mucho con la autonomía”, indica la abogada y académica Ana Laura Magaloni a El País.
Ya hay un borrador de la iniciativa, elaborado por la Consejería Jurídica de Sheinbaum. La presidenta busca que la reforma se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, hacia el último cuarto de año. El proyecto, de acuerdo con las fuentes consultadas, prevé un artículo transitorio que permitirá a los actuales fiscales concluir su periodo en el cargo, pero sus relevos serán nombrados, conforme a los nuevos términos, por los mandatarios. Eso pone fin a las dudas largamente acumuladas sobre si el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, concluirá o no su periodo, previsto hasta 2028. Gertz ha sido el primer titular —y será el último— de la FGR, en el corto tiempo que la Procuraduría se convirtió en Fiscalía autónoma.
(Con información de El País)
