Culiacán, Sinaloa; a 10 de febrero de 2026.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, señaló que la hipótesis planteada por autoridades federales sobre el asesinato de trabajadores de una mina en Concordia —quienes habrían sido confundidos con integrantes de un grupo delictivo— debe analizarse, ya que la mayoría de las víctimas no eran “barreteros”, sino ingenieros.
El titular de la CEDH, dijo que desde que el organismo tuvo conocimiento de los hechos, se inició una investigación de oficio, la cual será turnada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su seguimiento.
En referencia a las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mencionó la posibilidad de una confusión entre grupos criminales, Loza Ochoa expresó dudas sobre esa versión.
“Lo de la confusión no sé, eso es una hipótesis; no estaría siendo la verdadera porque no eran trabajadores barreteros, al menos la inmensa mayoría no lo eran. No están secuestrando ni privando de la libertad a una gente que no sepan quién es”, manifestó.
El titular de la CEDH también mencionó que existen señalamientos de integrantes de colectivos de búsqueda, entre ellos Irma Arellanes, quienes aseguran que peritos de la Fiscalía General de la República no habrían brindado facilidades suficientes para observar los trabajos de recuperación de cuerpos en las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en Concordia.
Loza Ochoa subrayó la importancia de que las autoridades proporcionen información clara y transparente sobre el caso, con el fin de evitar especulaciones, garantizar el respeto a las víctimas y prevenir su revictimización, así como esclarecer la actuación de la empresa minera.
El presidente de la CEDH expresó su preocupación por recientes casos de desaparición en Mazatlán y en la zona sur del estado, aunque dijo esperar que estos hechos no estén relacionados con el inicio del Carnaval de Mazatlán. “Espero que no haya perversidad de estar calculando hacer daño a la economía, pero en primer lugar es muy grave que una persona sea privada de la libertad”, puntualizó.
