Culiacán, Sinaloa; a 20 de enero de 2026 .- Dirigentes del transporte público en Sinaloa anunciaron que solicitaron a la brevedad una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya para plantear la urgente revisión de la tarifa, al advertir que el sector enfrenta una situación financiera “insostenible” tras casi cuatro años sin actualización, pese al incremento sostenido de los costos de operación.
En conferencia de prensa, el presidente de la Federación de Autotransportistas, Jorge Camacho, acompañado de Miguel Luna, secretario general del CTM, expuso que el encarecimiento del combustible, lubricantes, refacciones y mano de obra ha colocado a los concesionarios en una encrucijada que ya no permite mantener adecuadamente las unidades.
Camacho González, señaló que no buscan imponer un monto específico de incremento, sino abrir una mesa técnica con el gobierno estatal para revisar números y definir una solución viable, considerando incluso el índice inflacionario acumulado de los últimos años.
Reconoció que el tema impacta al usuario, pero subrayó que la falta de rentabilidad ha provocado que hasta el 40 o 50 por ciento de las unidades estén fuera de circulación, particularmente en Culiacán.
Indicó que actualmente de alrededor de mil 600 camiones, solo unos 600 están operando, mientras que el resto permanece detenido por falta de recursos para mantenimiento mayor, cuyos costos pueden oscilar entre 80 mil y 100 mil pesos por unidad.
En ese sentido, añadió que el precio de un camión nuevo se ha incrementado en más de un millón de pesos respecto a hace cuatro años.
Otro de los temas que los transportistas llevarán a la mesa con el gobernador es la tarifa preferencial para estudiantes, la cual no se ha modificado desde hace más de una década.
Aunque reconocieron la postura estatal de no afectar a este sector, señalaron que la carga ya no puede ser absorbida únicamente por los concesionarios, por lo que plantearán alternativas como esquemas de subsidio.
En materia de modernización y seguridad, el presidente de la FAES, informó que alrededor del 40 por ciento de las unidades ya cuentan con cámaras de videovigilancia, aunque admitió que la falta de recursos ha frenado la cobertura total, así como la implementación de pago electrónico y la renovación del parque vehicular.
Sobre la inseguridad, reconoció que el sector ha continuado operando pese a incidentes graves, incluidos ataques a unidades y afectaciones a usuarios, por lo que consideró indispensable que este tema también sea abordado con las autoridades.
Finalmente, los líderes transportistas confiaron en que el gobierno estatal acceda al diálogo y se alcance un acuerdo que permita actualizar la tarifa, mantener el servicio y garantizar condiciones mínimas para la operación del transporte público, al advertir que, de no atenderse el problema, el deterioro del sistema continuará afectando tanto a concesionarios como a usuarios.
