Congreso de Sinaloa extingue la Comisión de Acceso a la Información y traslada funciones a órganos interno
Culiacán, Sinaloa; a 18 de diciembre de 2025.- Con una votación dividida, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, decisión que modifica de fondo la forma en que se garantiza la transparencia y la protección de datos personales en la entidad.
La reforma constitucional fue avalada con 30 votos a favor, 9 en contra y una abstención, y contempla la derogación del párrafo del artículo 109 Bis B, que sustentaba legalmente la operación de la Comisión. A partir de este cambio, serán los órganos de control interno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, los encargados de garantizar el acceso a la información pública.
El debate legislativo evidenció una marcada polarización. Mientras el grupo parlamentario de Morena defendió la medida como parte de una armonización nacional, diputadas y diputados del PRI, PAN, PAS y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma podría debilitar los contrapesos ciudadanos.
La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, cuestionó que la vigilancia recaiga ahora en instancias internas, al considerar que esto compromete la independencia en la rendición de cuentas. Señaló que resulta contradictorio que la transparencia quede en manos de quienes podrían ser objeto de señalamientos por el uso de recursos públicos.
Por su parte, el diputado local del PAN, Jorge González Flores, lamentó la desaparición del organismo, al recordar que los institutos de transparencia surgieron a partir de exigencias sociales para combatir la opacidad. A su juicio, eliminar estos mecanismos representa un retroceso en la vida democrática del estado y en la lucha contra la corrupción.
En defensa de la reforma, la diputada de Morena Juana Minerva Vázquez sostuvo que no se trata de un retroceso ni de un intento de ocultar información, sino de un ajuste al marco nacional en la materia. Subrayó que continúan vigentes las auditorías, la obligación de publicar información en formatos abiertos y las sanciones para quienes nieguen u oculten datos públicos.
Con esta decisión, Sinaloa inicia una etapa distinta en materia de transparencia, cuyo funcionamiento será observado de cerca por la ciudadanía y organizaciones civiles, ante el reto de garantizar que el acceso a la información se mantenga efectivo bajo el nuevo esquema institucional.
