Culiacán, Sinaloa; a 15 de diciembre de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este lunes dos dictámenes con proyecto de Decreto, uno de ellos busca crear la Unidad de Investigación Cibernética y otro, tipificar el acoso sexual en el transporte público, lo cuales fueron respaldados por unanimidad de los tres diputados presentes en la sesión de trabajo.
El presidente de la Comisión, el diputado Hólincer Castro Marañón, encabezó la reunión, en la que se dio a conocer que el primer dictamen propone adicionar los artículos 46 bis y 46 bis A a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para crear una corporación policial especializada que será responsable de atender delitos cometidos a través de medios electrónicos o tecnológicos.
Según el proyecto de Decreto avalado por la Comisión, la nueva unidad tendrá como finalidad incrementar la seguridad de la red pública de internet y proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía sinaloense. El titular de esta unidad tendrá nivel de inspector general de la policía de investigación y dependerá de la Comisaría General y de la Fiscalía General.
Durante la discusión del dictamen en Comisión, el diputado Hólincer Castro Marañón destacó que la delincuencia ha evolucionado y opera en el ciberespacio con gran velocidad, y mencionó que delitos como robo de identidad, secuestro de información, fraude electrónico, extorsión digital y explotación sexual infantil en línea han aumentado, afectando especialmente a niñas, niños y adultos mayores.
El segundo dictamen aprobado por la Comisión de Justicia propone reformar el Código Penal en materia de acoso sexual, enfocándose específicamente en el transporte público. El proyecto adiciona un párrafo al artículo 185 bis del Código Penal y reforma diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa.
Las reformas propuestas establecen que cuando el delito de acoso sexual sea cometido por choferes de vehículos destinados al transporte público, además de la pena correspondiente, se procederá a la cancelación definitiva de la licencia de conducir. El conductor no podrá obtener nuevamente una autorización hasta por el término de cinco años, contados a partir de que se haya cumplido con la pena privativa de libertad. En caso de reincidencia, la licencia no podrá expedirse nuevamente.
En este punto, el presidente de la Comisión añadió que el proyecto de Decreto nace como respuesta al aumento en la incidencia de casos de acoso en el transporte público, aunque aclaró que no se trata de satanizar ni generalizar a las y los conductores, sino de legislar para prevenir y atacar estas conductas cuando se presenten.
Ambos dictámenes fueron turnados a la Secretaría General del Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente. Los proyectos deberán ser presentados ante el Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación definitiva.
Cabe mencionar que en esta reunión también estuvieron presente la diputada vocal Erika Rubí Martínez Rodríguez y el diputado secretario, Ambrocio Chávez Chávez, quienes dieron su aval a ambos proyectos.
