Culiacán, Sinaloa; a 16 de julio de 2025.-
A asumir su responsabilidad frente a la crisis de seguridad que vive Sinaloa llamó con urgencia Miguel Calderón Quevedo, tanto a las autoridades y como a la sociedad civil.
Dada la gravedad del problema de violencia que viven los sinaloenses, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública consideró que es momento de hacer valoraciones objetivas, exigir acciones efectivas y trabajo coordinado a las autoridades en todos los niveles, tanto del legislativo, ejecutivo y judicial, en el mensaje de introducción al Estudio Anual de Seguridad y Justicia 2024 que puedes consultar en la página: https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/wp-content/uploads/2025/07/Diagnostico-anual-2024.pdf
Además del llamado institucional, subrayó la corresponsabilidad social ante este fenómeno complejo como es el narcotráfico y el crimen organizado, en particular desde la familia como núcleo del tejido social.
“Debemos abonar al debate público de altura, a la resiliencia social, al análisis gubernamental, sobre todo, enfocado en una necesidad hoy como nunca apremiante, aportar desde nuestros entornos y círculos cercanos a la construcción de paz”, subrayó.
Calderón Quevedo reconoció el dolor de las víctimas y el trabajo de los colectivos de búsqueda, cuya respuesta a sus reclamos sigue siendo un pendiente institucional.
El informe subraya un repunte preocupante de delitos de alto impacto como homicidio doloso, privación de la libertad, robo de vehículos y robo a comercio. Gran parte de estos delitos se han caracterizado por un mayor uso de armas de fuego y la violencia asociada al rompimiento entre grupos del crimen organizado.
“El 2024 colocó en la palestra internacional y nacional a Sinaloa, ante la situación de seguridad que se ha traducido en una crisis que inició a principios de septiembre y que se ha prolongado, impactando la vida de los habitantes de varios municipios del estado, trastocado algunas de las actividades comerciales, culturales, deportivas y sociales”, expuso.
*Impunidad y crisis penitenciaria, dos problemas preocupantes*
El Estudio Anual de Seguridad y Justicia 2024, elaborado por el Centro de Investigación de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública identifica cuatro rubros críticos: el incremento de la incidencia delictiva, el uso de armas de fuego, los altos niveles de impunidad y la crisis estructural del sistema penitenciario estatal.
En cuanto a la impunidad, el informe expone una preocupante tasa y es que 9 de los 15 delitos monitoreados por la CGCESP tienen niveles superiores al 90%, entre ellos el homicidio doloso (95%), robo a comercio (95%) y violencia familiar (98%). Esto deja a las víctimas sin acceso a justicia y refleja profundas fallas en la capacidad del sistema judicial.
Otro punto crítico que señala el estudio es el estado del Sistema Penitenciario de Sinaloa, particularmente el Centro Penitenciario “Aguaruto”, señalado como obsoleto, riesgoso y con antecedentes de autogobierno.
La CGCESP propone tres acciones urgentes: se continúe con el traslado de internos federales a otros penales, construir dos nuevos centros penitenciarios y renovar los protocolos de seguridad.
Los resultados reflejados en el estudio no son un fenómeno aislado, sino resultado de una crisis estructural que involucra impunidad, tráfico de armas, infraestructura deficiente y una incapacidad crónica del Estado para contener la escalada criminal.
Las recomendaciones del CGCESP incluyen reforzar la coordinación institucional, fortalecer el sistema de justicia penal, depurar y capacitar cuerpos policiales, y atender con prioridad la violencia contra grupos vulnerables.
“Evidentemente, lo anterior implica una actitud más proactiva de los vecinos de las comunidades y una asignación presupuestal que represente un salto de la debilidad a la fortaleza para las instituciones de seguridad y justicia”, agregó el Coordinador General.
