Culiacán, Sinaloa; a 23 de agosto de 2024.- Por mayoría y con el voto en contra de las diputadas del Partido Sinaloense, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa para dar pie a la aplicación de la consulta con seis preguntas a la comunidad universitaria.
El presidente de la comisión dictaminadora, Adolfo Beltrán Corrales, dio a conocer que este informe se basa en la revisión de las 36 iniciativas presentadas en la materia y está sustentado en el artículo tercero y el segundo de la Ley General de Educación.
Detalló que se establecieron seis preguntas que se harán llegar a la comunidad universitaria y se informará con anterioridad a las autoridades de la UAS para en caso de considerarlo pertinente incluir más interrogantes en la consulta, al dejar en claro que la puerta al diálogo está abierta con la universidad desde el poder legislativo.
La diputada Mónica Armenta del Partido Sinaloense, quien es secretaria de la comisión de Educación, dijo que como grupo parlamentario no coinciden con este informe al no cumplirse el debido proceso.
Dejó en claro que se está cometiendo una violacion, puesto primeramente se debe dar cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo del juzgado primero de distrito con residencia en Culiacán a fin de que tener la certeza de lo establecido en relación a que el Congreso del Estado de Sinaloa no le corresponde realizar la consulta.
La coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez, manifestó que la actuación del poder legislativo con la búsqueda de la aplicación de consulta transgrede la autonomía universitaria y cae en desacato.
Aseguró que el poder legislativo no tiene facultad para establecer el día ni la aplicación de la consulta.
La legisladora del Grupo Plural, Gloria Himelda Félix Niebla, defendió que no se comete ninguna anomalía con la actuación de parte del Poder Legislativo.
Aseguró que no se trata de ninguna ocurrencia de parte del Congreso del Estado de Sinaloa, al existir fundamentos legales para reformar la Ley Orgánica de la universidad.