Culiacán, Sinaloa; a 13 de noviembre de 2023.- Pese a que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron obtenidas de manera ilícita y no acreditaron fehacientemente el delito, nuevamente el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum dictó auto de vinculación a proceso al doctor Jesús Madueña Molina, al ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por lo que se acudirá a un amparo en contra de este resolutivo.
En la audiencia de este domingo que duró poco más de 15 horas y a pesar de los argumentos de la defensa, el Juez resolvió mantener la medida cautelar establecida en la audiencia del viernes pasado de suspensión temporal de los funcionarios universitarios mientras dure el proceso, que acudan a firmar cada mes y medio y la prohibición de salir del país sólo con previo aviso medidas y se estableció 4 meses para continuar con la investigación.
Al salir de la audiencia el Rector titular de la UAS, separado temporalmente del cargo, Jesús Madueña Molina, expresó que como lo habían adelantado esta decisión del Juez y de la Fiscalía era lo que se esperaba.
“Sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que iban hacer esto que hoy hicieron, es cuestión de aguantar (…) estamos muy cerca de empezar ya a ver los frutos por parte de los amparos que están interpuestos en los tribunales federales, por eso es que no debe decaer el ánimo, hay que seguir con la frente en alto, no nos han derrotado claro que cada vez que vengamos aquí estamos en manos de la mafia de poder y bajo la orden del Gobernador del Estado”, expresó.
Exhortó a los universitarios a seguir de frente, a seguir trabajando la parte jurídica para que pronto se “emparejar la cancha” cuando el tema sea tratado en los juzgados federales.
“Les agradezco a todos ustedes que hayan aguantado hasta este día, pero no desmayemos, que no caiga el ánimo, yo me siento bien, me siento bien porque no hemos hecho nada malo, porque no hemos cometido ningún delito y cada vez que nos paramos en audiencia se demuestra la legalidad con la cual ha actuado la Universidad, por eso la cita es este marte para seguir denunciando y protestar por todos estos atropellos que están cometiendo las autoridades del estado de Sinaloa, ni un paso atrás y vamos a salir adelante“, enfatizó.
Madueña Molina compartió con los medios de comunicación que existe la instancia federal y así como ya se interpuso un amparo en contra de la primera separación del cargo y está por resolverse en uno o dos días, seguirán combatiendo estas injusticias en los tribunales federales pues interpondrán amparo hoy lunes contra esta nueva separación del cargo.
Durante la audiencia para el desahogo de pruebas por parte de la defensa en el presunto delito de compras ilícitas de alimentos como carnes y huevo para suministrar a las casas del estudiante, Facultad de Agronomía, Jardín de Niños UAS, Estancia Infantil y las reservas de Cosalá y Ceuta, los abogados de los universitarios nuevamente dieron una magistral defensa, y solicitaron la presencia de dos testigos: el director de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), Ángel Angulo Cázares y la perito contable Fidelia Martínez Pérez.
La defensa pudo evidenciar que el titular de la UIPE, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía lo hizo con base a una nota periodística, que realizó investigación cuando no le competía pues no es Ministerio Público, que la Unidad se creó en junio de 2020 y dio vista de supuestos hechos ocurridos en 2019 actuando con retroactividad, y lo más grave que admitió no haber realizado el examen de Control de Confianza cuando es un requisito para ostentar el cargo.
El abogado Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazabal solicitó a la Fiscalía y al Juez dieran vista de lo anterior para que inicien una investigación por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público en contra del director de la UIPE.
La perito contable reconoció que durante el periodo del doctor Madueña Molina no hubo daño patrimonial, además en la audiencia se comprobó que los universitarios no son servidores públicos, que los productos perecederos no se licitan, que se cancelaron más de mil facturas, que la Fiscalía no pudo señalar la fecha y hora para sustentar que la comisión del delito fue “instantánea”, entre otros puntos que no fueron reconocidos por el Juez.
