Ciudad de México; a 14 de octubre de 2023.-El gabinete de seguridad federal confirmó que agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo dejaron ir a José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, y uno de los líderes del Cártel de Caborca, a cambio de un millonario soborno.
La madrugada de este jueves, José Gil Caro Quintero, alias “Don José” o “Pelo Chino” fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tulum, cuando se encontraba en un conocido restaurante de la localidad turística en compañía de una mujer y dos sujetos armados, al parecer sus escoltas.
Según reportes oficiales, los agentes municipales entregaron al capo a cuatro elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Quintana Roo, para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, los elementos ministeriales dejaron escapar al “Pelo Chino” a cambio de un millonario soborno, estimado en 15 millones de pesos, señalaron las fuentes consultadas, que aseguran que las autoridades estatales hicieron un acuerdo para que esto no saliera a la luz pública.
De acuerdo con autoridades estatales, tres de los agentes involucrados fueron detenidos y están siendo investigados por su participación en la liberación de José Gil Caro Quintero, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos.
José Gil Caro Quintero asumió las operaciones del Cártel de Caborca en Quintana Roo, tras la detención en febrero de su sobrino, Rubén Payán Adame, en el municipio de Othón P. Blanco, con la mira puesta en dominar el tráfico de drogas y armas procedente de Centroamérica y Sudamérica.
Luego de la detención de Rafael Caro Quintero, en julio de 2022, el Cártel de Caborca quedó en manos de sus sobrinos José Gil Caro Quintero, alias El Pelo Chino; Rodrigo Páez Quintero, El R; Ramón Quintero Páez, El Tiko; Juan Pablo Quintero Martínez, El Pablito.
Según informes de inteligencia, actualmente José Gil Caro Quintero, es el responsable de traficar grandes cantidades de narcóticos, procedentes de Sudamérica, arribando a México por las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Por lo que, el gobierno de México lo mantiene como objetivo prioritario y la DEA ofrece una recompensa por 20 millones de dólares.
